La crisis sanitaria de la COVID 19 reveló con notoriedad el principal enclave que caracteriza el subdesarrollo de las sociedades latinoamericanas, en pocas palabras: dejó al descubierto las desigualdades sociales. Históricamente, más allá de la apropiación excluyente de bienes y recursos, otras inequidades sociales se expresan en las formas desiguales de acceso a educación, salud, tecnología, condiciones laborales, oportunidades de trabajo e ingresos. La ocupación del territorio en las ciudades revela también diferencias extremas entre formas de vivir, lugares, prácticas, hábitos y tipo de consumo de las distintas comunidades urbanas.

En pandemia, el apelo gubernamental “quédate en casa” desconsideró la diversidad de prácticas sociales entre centro y periferias locales. Por ejemplo, las ideas de casa y hogar, en la perspectiva liberal burguesa nos lleva a la impresión errónea de que ambos conceptos son sinónimos. Veamos, la casa es, de los dos, el concepto más asimilado y presente. Expresa el “lócus” ancestral, el abrigo contra las inclemencias del tiempo, la protección física y más recientemente, el derecho humano a la supervivencia básica. La idea de hogar, relativa a la concepción liberal, congrega una familia nuclear típica, viviendo de modo independiente y donde ese concepto expresa algo más subjetivo, relacionado al mundo de la intimidad, familiaridad, del cuidado y la protección mutua de sus ocupantes. El importado “home sweet home” no contiene todas las facetas de nuestro contexto. No traduce nuestras adversas realidades comunitarias, sus valores, prácticas, identidades y condiciones materiales específicas.       

Para ampliar esta percepción, el caso de la ciudad de Panamá es revelador. Región más rica y opulenta del país, según especialistas nacionales, el área metropolitana del pacífico, la gran región de influencia de la ciudad de Panamá, concentra el 48% de los habitantes de todo el país, en apenas 4% del territorio nacional. Otro dato alarmante es la expansión de asentamientos informales en la metrópoli, aproximadamente 40% del área ocupada. Son localidades con casas en proceso de autoconstrucción, sin servicios adecuados de agua, saneamiento, energía o conexión digital, con difícil acceso, sin vías pavimentadas, transporte público irregular, sin escuelas y unidades de salud, distantes de los centros de trabajo y otras oportunidades.

En estas ocupaciones, como en muchas otras de América Latina, la calle es la extensión de la casa. Es en la calle donde se consagra el lugar de la sociabilidad de muchas familias de escasos recursos. Lo anterior, torna particularmente difícil que estas comunidades sigan la orientación oficial del “quédate en casa”, justamente por la exigüidad de sus casas, de pocos y pequeños espacios internos y sus características específicas en la composición de las familias agregadas, distante del idealizado concepto de la familia nuclear preconizado por el status quo dominante.

En todos los países de la región, las medidas de distanciamiento social, para frenar la propagación del coronavirus, implicaron pérdida de empleos, reducción de horarios laborales y por ende una rebaja en los ingresos afectando amplios estratos poblacionales que ya vivían en situación de pobreza. Para 2020, se estimó que habría 11,6 millones de desocupados más que en 2019. En la región, donde la precariedad del mercado laboral es una característica, el cuadro se agrava por la alta proporción de empleos informales, 53,1% en 2016, (OIT, 2018).

La cruda realidad socio-económica es aún más grave cuando observamos el fenómeno bajo el prisma de género. Tanto en relación con el mercado laboral, donde las mujeres ocupaban más empleos en segmentos de mercado impactados por la crisis sanitaria, como también en las relaciones familiares; especialmente en las comunidades más pobres y en grupos vulnerables, en donde la violencia doméstica y la propagación rápida del virus, afectaron la salud pública y la seguridad ciudadana. La mítica imagen del “Hogar dulce hogar” antes de la pandemia ya se presentaba en esas comunidades como lo inverso al lugar seguro para las mujeres. En síntesis, conceptos idealizados desde el ideario de sectores hegemónicos no necesariamente representan prácticas cotidianas de las periferias y sus habitantes, ni de sus características de género, etnia, nivel económico y lugar de su residencia.

La CEPAL en el 2020 destacó que, para los países de la región, las situaciones en las que más ha incidido la pandemia sobre el colectivo de mujeres son: la salud física y mental, el trabajo de cuidado no remunerado y la violencia doméstica. El impacto de la pandemia en los niveles de violencia contra las mujeres, debe ser así examinado, no sólo desde el enfoque de género sino también desde el territorio. Para poder lograr resultados positivos, tanto en el control del virus como en la seguridad ciudadana es necesario preguntarse ¿cómo pudieron haber sido conducidas las medidas para el combate de la pandemia, incluyendo las características de las diversas regiones o lugares de residencia?

Además, la brecha de la desigualdad económica y de género se hace evidente en los datos de educación y desempleo. Por ejemplo, si hablamos de desigualdad de género y educación, la encuesta del Centro de Estudios Políticos y Sociales (CIEPS) realizada en el 2019, muestra que las mujeres encuestadas cuentan con mayor nivel educativo que los hombres, incluso con educación universitaria, aunque sólo 54.8% trabaja. Y si se observa el desempleo, 28.8% de los hombres afirmó no contar con empleo, mientras que 71.3% de mujeres estaban desempleadas durante ese período (11 al 24 de octubre 2019).[1]

En confinamiento, para las mujeres más profesionalizadas, el hogar, espacio para una “convivencia afectiva, relajante y de acogida familiar”, según el imaginario, se constituyó en el lugar del aumento de la doble jornada de trabajo, que ejerció más presión sobre la cotidianidad de las mujeres. Para ellas, además del “teletrabajo” debían asumir todos los cuidados de la familia. Sin duda, en mayor proporción que los hombres en su misma condición. La situación empeora para las menos profesionalizadas, desempleadas o con suspensión de contratos, ocupantes de una casa sin la infraestructura adecuada: sin acceso a servicios básicos como el agua potable, servicios digitales para apoyar la educación de sus hijos. Estas mujeres debían suplir estas carencias para sus propias necesidades, la de sus familias, niños, niñas, y adultos mayores.

  En América Latina, existía ya una pandemia antes de la COVID 19, una pandemia que impacta a toda la sociedad, particularmente por ser estructural y letal, es la violencia e inseguridad que afecta a las mujeres en el ambiente de su propio hogar. Según las estadísticas, es el hogar el contexto más peligroso para una mujer, aunque esa violencia permee en grados variados otros espacios comunes a la vida de las mujeres.

Paradójicamente, medidas de bioseguridad frente a la COVID-19, como el confinamiento, aislamiento y restricciones de movilidad se convirtieron en barreras al acceso a servicios de protección esencial para las mujeres víctimas de la violencia intrafamiliar y a su vez esto ha limitado el número de registros y denuncias de casos. De enero a noviembre de 2020, se contabilizaron 13,866 denuncias por violencia doméstica, mientras que en 2019 para el mismo período sumaban 15,625 denuncias. Las cifras del Ministerio Público indican un descenso en el número de denuncias con respecto al 2019, sin embargo, esto puede atribuirse a diversas causas, entre ellas, el temor a los agresores, cuando la víctima se ve obligada a convivir las 24 horas junto al peligro, obedeciendo al confinamiento decretado por las autoridades. Por lo tanto, las cifras pueden caracterizar una sub-notificación o invisibilización del fenómeno que se manifiesta con especial intensidad en los hogares más vulnerables.

Como en gran parte del mundo, en Panamá, la crisis económica caracterizada por medidas bio-sanitarias y el desempleo, obligaron al gobierno nacional a ampliar el número de subsidios económicos estatales para personas afectadas. Sin embargo, en general podemos verificar que no se implementaron medidas oficiales que utilizaran de manera diferenciada el enfoque de género e inter-seccionalidad. Este último implica considerar categorías más específicas: etnia, cultura, orientación sexual. Tampoco se consideró otras como las condiciones de las viviendas, situación migratoria, las singularidades de los hogares diversos, de sus prácticas y convivios sociales, presentes en la población panameña.

La casa y el hogar, vistas desde el imaginario hegemónico, siempre han pretendido ser una verdad universal para todos los segmentos sociales.  Aunque, en la realidad, solo refuerzan y corporifican la estratificación social, donde las desigualdades sociales y de género se maquillan y se consolidan.

En tiempos de pandemia y de “nueva normalidad”, urge resignificar los espacios, el físico (la casa) y el subjetivo (el hogar), para superar su histórica visión romantizada, y sobretodo no subestimar la “normalidad” de la dura realidad que nos precede como mujeres. Para muchas de ellas en Panamá, el hogar en que hoy conviven ya no es exactamente un lugar de afectividad y protección. Por el contrario, para ellas, en buena proporción, es el lugar más peligroso para su integridad, aún más en contexto de pandemia.    

Referencias

CEPAL. (2020). Enfrentar la violencia contra las mujeres y las niñas durante y después de la pandemia de COVID-19, requiere financiamiento, respuesta, prevención y recopilación de datos. CEPAL.

Ministerio Público (2020). Informe Estadístico de violencia doméstica a nivel nacional de enero a noviembre.

Mujeres, O. (2020). Panamá: Análisis preliminar sobre el impacto de la pandemia del COVID-19 en las mujeres. Panamá: ONU Mujeres.

PNUD. (2019). Informe Nacional de Desarrollo Humano: Renovando las Instituciones para el Desarrollo Humano sostenible. Panamá: PNUD. Sociales, C. d. (2019). 1ªera encuesta CIEPS de ciudadanía y derechos. Valores, Instituciones y economía en la sociedad de la hiper desconfianza. Panamá: CIEPS.

[1] Metodología de la encuesta de CIEPS (2019) “Valores, instituciones y economía, en la sociedad del híper desconfianza”, pag.39.